BREVE HISTORIA DE PIURA

Por Reynaldo Moya Espinosa

 

TOMO XII

LA REPUBLICA

1953-1980

 

CAPITULO VIII

 

LA REFORMA AGRARIA

 

 

 

Ø      Dejan en suspenso elecciones municipales

Ø      Paros pesqueros

Ø      Iglesia de San Francisco, Monumento Histórico

Ø      La Reforma Agraria

Ø      Velasco visita Piura

Ø      Piura Zona de Reforma Agraria

Ø      Dionisio Romero asume control del Banco de Crédito

Ø      Estatuto de libertad de prensa

Ø      Se oficializa título de Mariscala a Virgen de las Mercedes

Ø      Los alcaldes nombrados

Ø      Atentados contra la libertad de prensa

Ø      Aceleran Reforma Agraria en Piura

Ø      La Comunidad Industrial

Ø      Crisis financiera

Ø      Muere la madre de Belaúnde

Ø      Nueva creación de Escuela de Marina en Paita

Ø      El terremoto de Ancash

 

Dejan en suspenso elecciones municipales

ARRIBA

La Junta Militar de Gobierno, que estaba arrasando con todo el sistema administrativo y político del país, había hasta entonces tolerado la existencia de los Concejos Municipales integrado por personal elegido por votación popular tanto en las municipalidades provinciales como distritales. El nuevo gobierno continuamente había atacado el sistema electoral, llamándolo manifestación de una democracia formal.

 

            De acuerdo al Artículo 7° de la Ley 14669 de Elecciones Municipales, éstas debían realizarse el segundo domingo del mes de noviembre, del año anterior a la instalación de los nuevos Concejos Municipales. También disponía la Ley, que la convocatoria a elecciones debía hacerse antes de la fecha de elección, es decir en este caso hubiera sido en el mes de mayo. Por eso la Junta Militar se adelantó y el 29 de abril se dio el Decreto Ley de Elecciones Municipales, “hasta la fecha que fije la nueva Ley de Elecciones Municipales y se expida la Ley Orgánica de Elecciones Municipales”.

 

            En la parte considerativa del Decreto Ley 17609 se expresaba, que los concejos habían sido elegidos con ingerencia de política partidaria, lo que no había dado resultados para el buen servicio de la comunidad local y que el Gobierno Revolucionario aseguraría que la representación fuera auténticamente vecinal.

 

            También se refería a que la Ley Orgánica de Municipalidades que databa del 14 de octubre de 1892, no respondía a los nuevos criterios de administración vecinal.

 

            En Piura se encontraba de alcalde Orlando Balarezo Calle, de las filas de Acción Popular y el 1° de enero de 1970 debía tenerse un nuevo alcalde.

 

            Como la convocatoria iba a ser en mayo según todos creyeron, ya se había iniciado los ajetreos políticos y en todo el departamento se voceaban nombres de gran número de postulantes a los cargos de alcaldes y regidores de los municipios provinciales y distritales.

 

            EL Gobierno Militar, a la postre retornó al antiguo y antidemocrático sistema de designar a dedo a los alcaldes y regidores por intermedio del Ministerio del Interior.que por entonces era el general Armando Artola del Pozo.

 

Paros pesqueros

ARRIBA

En el año de 1969 se produjeron profundas pugnas entre los trabajadores pesqueros y los empresarios de la pesquería, y el 20 de marzo estalló un paro de 22,000 anchoveteros y de 1,300 trabajadores de pesca para consumo humano, por razones salariales. En Paita el paro fue total.

 

            El 26 de octubre, estallaron nuevos paros en Pisco, Callao y Paita, que paralizaron a 20,000 trabajadores. La verdad es que los trabajadores gozaban de buenos salarios, pero conociendo que el negocio de la pesca era muy bueno, deseaban incrementos.

 

            El 16 de noviembre del mismo año, se crea el Ministerio de Pesquería y la Empresa Nacional de Puertos. De inmediato se dispuso la construcción para el primero, de un inmenso y suntuoso edificio.

 

            El 1° de febrero de 1970, se nombró al general Javier Tantaleán Vanini como ministro de Pesquería y pronto se convirtió en uno de los hombres más influyentes y  allegados a Velasco.

Tantaleán que fue el primer ministro de Pesquería, postuló años mas tarde como candidato a la presidencia de la república pero logró muy pocos votos. Murió en Lima el 5 de julio de 2002

 

 

Iglesia de San Francisco, Monumento Histórico

ARRIBA

Accediendo al pedido de amigos piuranos, el presidente Velasco hizo expedir el 27 de mayo de 1969, el Decreto Ley 17613 declarando a la Iglesia San Francisco de Piura, Monumento Nacional, por haberse” proclamado en ese lugar la independencia de Piura el 4 de enero de 1821.”

 

            El Decreto Ley, si bien es cierto se publicó en “El Peruano” que era requisito para entrar en vigencia, no tuvo la difusión que correspondía y ni siquiera los diarios piuranos se ocuparon del asunto, por cuyo motivo simplemente se ignoró.

 

            Fue ese desconocimiento lo que motivó que 11 años más tarde, el 23 de julio de 1980 cuando ya estaba por fenecer el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez, se expidió la Resolución Ministerial 0928-80 ED, declarando a la Iglesia, Monumento Histórico.

 

            La Iglesia es bastante modesta y tiene una sola torre con dos campanas, que el 4 de enero de 1821 fueron echadas al vuelo. Contaba también con un convento.

La verdad histórica es que la proclamación de la independencia no fue en la iglesia sino en el convento, que después pasó a manos particulares. Por lo tanto debió expropiarse ese terreno que tenía antecedentes históricos.

 

            No se sabe con precisión cuando fue construida, pero posiblemente eso ocurrió un poco después de 1668, porque en ese año testó el licenciado Lorenzo Velásquez dejando 8,000 pesos para la construcción del Convento de San Francisco.

 

La Reforma Agraria

ARRIBA

En 1964 durante el mandato del arquitecto Belaúnde se dio la primera ley de Reforma Agraria que se inició en el Valle de la Convención en el Cuzco, en donde las guerrillas de Hugo Blanco habían alentado las invasiones campesinas. Cuando se dio esta ley, hubo de parte de los grandes agricultores muchas protestas y resistencias, pues se alegaba que la Reforma era muy dura. No pasarían cinco años y los que no quisieron dar poco, tuvieron que darlo todo, durante el gobierno del general Velasco.

            Los diarios de Lima habían venido publicando artículos sobre la inminencia de la promulgación de una Ley de Reforma Agraria, muy severa y dada la tendencia protagónica del general Velasco y su afán de buscar ciertas fechas para hacer anuncios importantes, se suponía que el 24 de junio, que por entonces se celebraba el día del Indio, se anunciaría la promulgación de la nueva ley. Así fue en efecto.

 

            El 24 de junio de 1969, el presidente Velasco anunció la promulgación por radio y televisión de la Ley de Reforma Agraria en un largo discurso que causó gran conmoción y sentimientos encontrados. En la masa campesina fue de júbilo, mientras que en los propietarios de tierra fue un tremendo impacto.

 

            Velasco empezó diciendo: “Este es un día histórico. Y bien vale que todos seamos conscientes de su significado más profundo. Hoy día el Gobierno Revolucionario ha promulgado la Ley de Reforma Agraria y al hacerlo ha entregado al país el más vital instrumento de su transformación y desarrollo. La historia marcará este 24 de junio como el comienzo de un proceso irreversible que sentará las bases de una grandeza nacional auténtica”.

 

            Luego continuó: “Hoy Día del Indio, día del campesino, el Gobierno Revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos. De hoy en adelante el campesino del Perú, no será más el paria, ni el desheredado que vivió en la pobreza de la cuna a la tumba y que miró impotente un porvenir igualmente sombrío para sus hijos”.

 

            Luego refiriéndose a los anteriores intentos de Reforma Agraria, manifestó: “Este fue el señuelo con el cual se lograron adhesiones y votos. Pero nada realmente profundo se hizo jamás para implantar una reforma que de verdad atacará la raíz del problema y que de verdad diera a la tierra a quien la trabaja. La Ley de la Reforma Agraria abre y garantiza, al fin, el camino de la justicia social en el Perú. En consecuencia, la ley se orienta a la cancelación del sistema de latifundio y minifundio en el agro peruano, planteando su sustitución por un régimen justo de la tenencia de la tierra. La Ley de la Reforma Agraria se aplicará en todo el Perú, sin reconocer privilegios, ni casos de excepción…”.

 

            “La ley establece medidas que aseguren la no fragmentación de la gran propiedad como unidad de producción. Es el régimen de tendencia lo que la ley afecta. Para el caso de las empresas agro-industriales, la ley contempla la cooperativización a favor de sus servidores, pero garantiza el funcionamiento de la nueva empresa como una sola unidad. En este sentido, la ley considera a la tierra con todas sus instalaciones. Dentro de la nueva empresa la ley garantiza la estabilidad de trabajo…. La inspiración social de la nueva ley es pues, enteramente compatible con la necesidad de garantizar la continuidad de los altos niveles de rendimiento que la tecnología agraria ha hecho posibles”.

 

            Luego dijo que el Gobierno Revolucionario trataba de estimular el proceso de industrialización y a eso coadyuvaría la Ley de Reforma Agraria, facilitando la convertibilidad de los bonos de la deuda agraria en acciones de empresas industriales. Insistió en que la tierra debe ser para quien la trabaja y no para quien derive de ella rentas sin laborarla, la tierra debía ser para el hombre que hunde sus manos en ella, para crear riqueza para todos. Recalcó que era injusto que la mayor parte de la tierra estuviera en muy pocas manos y si bien habrían afectados por las medidas tomadas, por muy respetables que sean esos derechos no podían prevalecer sobre los intereses y necesidades de millones de peruanos. Dijo también que los que vieran reducida su propiedad  recibirían una compensación justipreciada. Luego llevó un frontal ataque contra los grandes propietarios de los que dijo sabía que serían sus adversarios y detractores, pero que no les temía. Que eran los grupos privilegiados que hicieron del monopolio económico y del poder político la verdadera razón de su existencia.

 

            Al finalizar dijo: “Al hombre de la tierra ahora le podemos decir en la voz inmortal y libertaria de Túpac Amaru: “Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza””.

 

            A partir de entonces, la figura  de Túpac Amaru, presidió todas las ceremonias campesinas y se convirtieron lemas de la nueva política agraria: “La tierra para el que la trabaja” y “Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza”.

 

            La Ley de Reforma Agraria 17716, constaba de 196 artículos, de 9 disposiciones especiales, 5 disposiciones transitorias y una disposición final.

 

            Se definía a la Reforma Agraria, como un proceso integral, destinado a transformar la estructura agraria del país, sustituir los regímenes de latifundio y de minifundio, por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra, contribuir al desarrollo económico social de la nación, así como garantizar la justicia social en el campo.

 

            Para los fines de la Reforma Agraria se declaraba de utilidad pública y de interés social, la expropiación de los predios rústicos de propiedad privada.

 

            Para los efectos de la ley, la palabra “agrícola” incluía la ganadería.

 

            Las tierras no cultivadas durante tres años consecutivos se consideraban abandonadas y se incorporaban al dominio público.

 

            Cuando un predio era afectado, se limitaba el derecho a la propiedad rural en forma individualizada, el excedente se expropiaba y se adjudicaba a los campesinos debidamente calificados.

 

            Se consideraba que un predio no se usaba en armonía con el interés social en los casos siguientes: a) abandono de la tierra, deficiente explotación o deterioro de los recursos naturales, b) formas antisociales o feudatarias de explotación de la tierra, c) condiciones injustas o contrarias a las leyes en las relaciones de trabajo, d) concentración de la tierra en una misma persona, e) minifundio.

 

            Las tierras ociosas o donde existieran sistemas antisociales de explotación se expropiarían en su integridad. Se consideraban feudatarios a los colonos, yanaconas, aparceros, arrendires, allegados, mejoreros, precarios, huachileros y otros.

 

            Son inafectables, en las extensiones que fijaba la ley, los predios donde los propietarios los trabajaban en forma personal y directa con sus familiares y cuando el propietario dirige personalmente la empresa agrícola en forma habitual.

 

            Se afectaría en su totalidad, los predios en condominio. Las sociedades anónimas y las sociedades en comandita no podían ser propietarios de predios. Se les daba un plazo de seis meses para convertirse en sociedades de personas. Una misma persona natural, no podía integrar dos o más empresas.

            Las tierras se clasificaban: de cultivo bajo riego, de cultivo de secano, de pastos naturales y forestales.

 

            En la región de la costa se consideraba inafectable, hasta un área de 150 hectáreas de cultivo bajo riego conducidas personalmente. Bajo ciertas circunstancias, se podía ampliar a 200 hectáreas. En la misma región de la costa, se afectarán las áreas mayores de 1,500 hectáreas de pastos naturales, destinados a ganadería. En ciertas circunstancias que se enumeraban, podía ampliarse el área inafecta al triple.

 

            En el Artículo 30° se señalaba los límites de inafectabilidad para varias provincias. Figuraban: Morropón, Ayabaca y Huancabamba hasta con 50 hectáreas.

 

            Si los predios contenían plantas de procesamiento industrial, la afectación comprendería el todo. El Estado asumía el pasivo por los beneficios sociales de los trabajadores.

 

            Eran también inafectables las áreas destinadas a crecimiento urbano, las ubicadas en zonas arqueológicas y los parques nacionales.

 

            La ejecución de la Reforma Agraria se efectuaría por zonas, cuya determinación sería establecida por Decreto Supremo, previo informe de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, del Ministerio de Agricultura y Pesquería. Si hubiera contratos de arrendamiento, caducaban.

 

            Ninguna acción judicial podía detener un proceso de expropiación.

 

            La adjudicación de las tierras, ganados, cultivos, instalaciones y equipos se podía hacer a sociedades agrícolas de interés social, cooperativas, comunidades campesinas. Cuando la adjudicación se hacía a personas naturales, se utilizaban las llamadas unidades agrícolas familiares. Esta era la unidad agrícola que podía ser trabajada directamente por el campesino y su familia.

 

            La Ley establecía que se podían hacer parcelaciones privadas en lugares donde no se hubiera declarado Zona de Reforma Agraria, para lo cual debían lograr aprobación previa.

 

            Las parcelaciones no se podían hacer por áreas menores a las unidades agrícolas o ganaderas familiares.

 

            La Ley cambió la denominación de Comunidades Indígenas por el de Comunidades Campesinas, para las cuales se establecía un régimen especial.

 

             Se creaba la Dirección General de la Reforma Agraria y Asentamiento Rural, las Direcciones de Zonas Agrarias y el Tribunal Agrario. Este último era el órgano jurisdiccional encargado de resolver todos los conflictos que se presentasen en la aplicación de la Reforma Agraria.

 

            Para financiar el pago de los productos expropiados se autorizó la emisión de Bonos de la Deuda Agraria hasta por la suma de 15,000 millones de soles, que serían de las categorías A, B y C con valores nominales de 1,000 soles; 5,000; 10,000; 50,000; 100,000; 500,000 y 1’000,000. Devengarías intereses anuales entre el 5% y el 6%.

 

            Los bonos de la clase A, redimidos por anualidades, durante 20 años. Los bonos de la clase B se redimirían en anualidades en el plazo de 25 años y los de la clase C en 30 años. Es decir, que en el mejor de los casos hasta el año 2000.

            Los bonos serán nominativos e intransferibles durante el primer año.

 

            El Banco de Fomento Industrial, organizará y pondrá en funcionamiento empresas industriales, destinadas al pago de la Deuda Agraria. Entregará funcionando las empresas industriales a los representantes de los tenedores de los bonos, quienes canjearán sus bonos por acciones. Esta importante disposición se consignaba en el Artículo 176°.

 

            En las Disposiciones Especiales, se establecía que se aplicarían severas penas a los que instigasen invasiones de predios o usurpación de los mismos ya sean del Estado, de corporaciones o de particulares.

 

            Esta última disposición no se cumplió en la práctica y antes bien, entes del Estado promovieron las invasiones.

 

            El discurso de Velasco primero y la publicación después de la Ley de Reforma Agraria, causó conmoción en el país, creando sentimientos encontrados. En los sectores vinculados a la mediana y gran propiedad agraria la reacción fue casi de desesperación o impotencia, pero en los medios vinculados a los campesinos que directamente trabajaban la tierra y de los sindicatos izquierdistas, hubo júbilo.

 

            En el departamento de Piura, cuya agricultura era la espina dorsal de la economía tenía a la tierra agrícola, sobre todo la más valiosa ubicada en los valles de los ríos Piura y Chira, en manos de unas cuantas familias, en su mayor parte constituidas por herencias desde tiempo inmemorial. El terrateniente piurano generalmente vivía en la ciudad de Piura, pero en sus haciendas tenía casas muy cómodas. La tierra era muy pródiga y daba a manos llenas cuando había lluvias, oportunidades en que los agricultores piuranos cambiaban de auto.

 

            En Piura hubo también conmoción, pero había la secreta esperanza que Velasco por ser piurano, dejaría al departamento a lo último para declararlo Zona de Reforma Agraria y actuaría con benignidad.

 

            Al día siguiente de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, las cuentas bancarias y el manejo contable de los complejos agro-industriales del norte fueron intervenidas por funcionarios estatales de los ministerios de Hacienda y Agricultura, los que además cuidaron que la producción no se detuviera. Fueron intervenidas de esa forma las haciendas Pomalca, Cayaltí, Tumás, Pátapo, Pucalá en el departamento de Lambayeque y Casa Grande, Cartavio, Laredo y Talambo en La Libertad.

 

Velasco visita Piura

ARRIBA

Todos los años, la ciudad de Piura celebraba su semana jubilar en los primeros días del mes de octubre, en recuerdo y homenaje al gran marino don Miguel Grau. En esta oportunidad y contando con el acuerdo de la Municipalidad presidida por el accio-populista Orlando Balarezo, se acordó invitar al Presidente, él que aceptó.

 

            Velasco llegó con una gran comitiva y el día 8, fecha del Combate de Angamos. Fue recibido por una gran cantidad de campesinos flanqueados por chalanes a caball..En  la Plaza Grau lo esperaba  una multitud, que por su magnitud no tenía precedentes, habló Velasco preso de gran emoción al reencontrarse con su pueblo, remembrando los años de su niñez y de su vida estudiantil.

 

            El general Velasco empezó diciendo: “Pueblo de Piura. A la sombra prócer del Héroe de Angamos, saludo a mi pueblo, al pueblo cobrizo y altivo de donde yo he surgido, a este pueblo que honra la sagrada memoria de Miguel Grau, para quien la Patria tuvo una dimensión de sacrificio y de entrega que jamás debemos olvidar. Y aquí, ante este pueblo y ante esta imagen venerada, yo antes que nada, quiero rendir el doble homenaje que un hijo agradecido rinde a tierra de sus mayores y a quien perennizó con gloria, las más excelsas virtudes de la Patria. Aquí estuvo mi hogar y aquí están mis raíces. Aún recuerdo vívidamente el barrio de Castilla donde nací, las mismas calles y los mismos rostros que vieron mi niñez, el Centro Escolar 21 y el Colegio San Miguel de Piura, donde acabaron los años de mi adolescencia provinciana y feliz. La mía fue gente sencilla, sin linajes, ni abolengos que un día me vio partir hacia la capital, donde después de servir como soldado, inicié mi carrera en el Ejército. Entonces empezó un largo paréntesis de ausencia, sólo interrumpido en 1964 cuando volví a mi tierra por un breve período.

 

            Ello no obstante, mucho de mí se quedó para siempre bajo el cielo luminoso de Piura y mucho de Piura se quedó en mí para vivir por sobre todas las ausencias. Espero me sea perdonado el matiz personal de estos recuerdos, su tono emocionado, su huella de nostalgia. Porque es acaso lo mejor que yo pueda traer a mi tierra, como presente del hijo que ahora vuelve al cabo de los años, sintiendo sobre sí la enorme responsabilidad que conlleva ser el representante de la profunda revolución que vive nuestra Patria. Es por sentir así, que mi primera salida y la primera de todas las visitas, tenía que ser aquí, a la tierra que me vio nacer”.

 

            La forma emotiva con que fueron dichas estas palabras, con la voz ronca del empedernido fumador que era y una tos que le interrumpía constantemente, ganó a la multitud, que parecía un mar rugiente.

 

            Luego pasó a explicar por qué y para quién se hizo la Revolución y lo que el pueblo había estado padeciente en lo lque llamó, democracia formal. El país -manifestó- se había dividido entre la gran miseria y la gran riqueza. Al pueblo se le aconsejaba esperar y esperar. El poder económico y la riqueza concentrada en pocas manos hicieron sufrir al pueblo los rigores de la pobreza. Fustigó a la oligarquía y dijo que se hacía ya, una transformación profunda de las estructuras sociales y económicas. Aseguró que no era cierto que la Revolución hubiera tenido por objeto cerrar el paso a nadie. En eso se refirió sin duda a la candidatura presidencial de Haya de la Torre. Al referirse a la IPC, dijo que se había recuperado la dignidad nacional.

 

            Velasco no se refirió en ningún momento a la Reforma Agraria que acababa de iniciar.

 

            El 9 de octubre, por la mañana, dio ante una abigarra multitud reunida en la Plaza Principal de Castilla, un corto discurso. En esa oportunidad dijo: “Muchas gracias por haber venido hasta aquí a testimoniar su recuerdo y dar la bienvenida a quien como yo, en el fondo de su corazón, nunca dejó de ser uno de ustedes”. Luego dijo que posiblemente muchos creerían que quien se fue de ese pueblo hacía tanto tiempo y que volvía como Jefe de Gobierno, ya no se acordaría de la vida de dureza y sacrificio de la gente sencilla como la de Castilla, pero que ya no sería así, pero que en cuanto a su persona seguía  siendo,  el mismo muchacho de barrio, el mismo hombre de pueblo que siendo niño dejó Castilla, dejando una lágrima, su mejor recuerdo y un poco de sí mismo. El general Velasco en repetidas veces llamó paisanos a los concurrentes.

 

            En Piura fue objeto de múltiples agasajos, a los que concurrieron los grandes agricultores. Con todos departió amigablemente. La Municipalidad de Piura lo declaró “Huésped Ilustre”, pero como su alcalde Orlando Balarezo conservaba en lugar principal el retrato del presidente Belaúnde, se produjo un incidente entre Balarezo y Velasco..

 

            Luego el  día 9, que se cumplía el primer aniversario de la toma de Talara o Día de la Dignidad Nacional, Velasco viajó a talara y  pronunció  un discurso. Dijo que hacía un año se había puesto fin a un capítulo de oprobio y vergüenza. Que llegaba a Talara para reafirmar su oposición nacionalista. “Conquistar la plenitud de la soberanía, no puede ser un simple episodio”. Luego dijo que la lucha de los peruanos por el petróleo había sido larga y penosa hasta lograr la victoria final. “Los peruanos nunca debemos olvidar, que hasta aquí vinieron los poderes del Estado a sancionar el entreguismo y la traición”.

 

            Luego viajó a Chiclayo y a Trujillo, donde el 11 se realizaron mítines muy concurridos, ante los cuales habló Velasco.

 

Piura Zona de Reforma Agraria

ARRIBA

Tan pronto el presidente Velasco llegó a Lima y en forma totalmente sorpresiva, el 15 de octubre de 1969 dio el Decreto Supremo 201-69 AP declarando al departamento de Piura, Primera Zona de Reforma Agraria.

 

            Los grandes agricultores piuranos con desagradable sorpresa se enteraron del mencionado Decreto Supremo, por el diario “El Peruano”, que luego los diarios piuranos publicaron a grandes titulares, con diversos comentarios.

 

            Quedaron comprendidas 3’306,711 hectáreas lo que suponía la afectación de todos los latifundios existentes.

            De inmediato ingenieros del Ministerio de Agricultura, visitaron las haciendas para establecer el estado socio-económico en que se encontraban los predios. En la obra “Diagnóstico de la Región Piura-Tumbes, Volumen V”, editado en 1980 por ORDENORTE, decía que el personal técnico encargado de tales inspecciones “provenía de la propia región y no eran pocos los que tenían amistades y pariente entre los hacendados. La demora en las Resoluciones de Afectación, posibilitaba la descapitalización de los fundos de parte de los propietarios, a través de la sustracción de los bienes más valiosos, como ganado, maquinaria, etc. Velasco permitió a los agricultores piuranos, recoger la cosecha de 1969.

 

            En las inspecciones oculares, se procedió también al empadronamiento de los trabajadores de los predios, pero como siempre ocurre en esos casos, no siempre se cumplió con la ley y se presentaron muchos casos de campesinos que teniendo perfecto derecho no fueron calificados, mientras resultaban beneficiadas personas que no tenían actividades agrícolas como carpinteros, sastres, mecánicos, etc. Tampoco faltaron los casos de muertos empadronados.

 

            También se hicieron estudios de soportabilidad de las empresas agrarias a fin de determinar el número de campesinos que podían serles afectados.

 

            Tras el proceso de Afectación, siguió el de la Expropiación y luego el de Adjudicación, pero todo eso demoró bastante tiempo y recién en 1976 se pudo considerar que la Reforma Agraria había terminado en Piura.

 

            Recién en el año 1971 principió a intervenir SINAMOS, el que se encargó de dar la capacitación al campesino para cumplir con lo puntualizado por la Ley de Reforma Agraria. Pero tal capacitación sólo se limitó a unas cuantas charlas, más que todo destinadas a impactar en la opinión pública.

 

            Las grandes haciendas, no fueron parceladas, sino convertidas en Cooperativas Agrarias de Producción o CAP, o en Cooperativas Comunales de Producción (CCP). No se crearon Sociedades Agrícolas de Interés Nacional (SAIS).

 

            Algunos hacendados trataron inútilmente de resistir, lo cual motivó a que la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y el Partido Comunista, dieran asesoramiento a los campesinos para que formasen Comités de Defensa de la Reforma Agraria. La labor de incitación contra los ex-patronos continuó y en 1972 invadiesen los fundos “San Francisco” y “Chocán” en el Chira conducidos por la familia Gonzáles Prada. Las invasiones de predios agrarios siguieron hasta el mismo año 1975 y en muchos casos, no se libraron terrenos que ya habían sido adjudicados.

 

            Cuando empezó la etapa de las Expropiaciones, se cometieron muchos abusos y despojos por parte de los funcionarios del gobierno, pues no se respetaron los límites de inafectibilidad y las valorizaciones fueron ínfimas. Se llegó a pagar por tractores que estaban en servicio, la cantidad de un sol, porque así figuraba como valor contable en libros después de las depreciaciones anuales.

            Los agricultores que toda su vida sólo se habían dedicado a la agricultura, en predios que habían heredado de sus padres, se vieron de la noche a la mañana prácticamente en la calle y sólo poseedores de un puñado de bonos de la Deuda Agraria, pagaderos a largo plazo y que la inflación que empezó años más tarde los desvalorizó en su totalidad.

 

            La Reforma Agraria logró el objetivo político de destruir lo que se llamaba oligarquía agraria como grupo de poder, pero no se tradujo en un beneficio económico-social para el campesino, principal objetivo de la Reforma, y tampoco se incrementó la producción, sino antes bien, bajó en forma apreciable, afectando a los campesinos que ahora eran dueños aparentemente de la tierra. A la vuelta de pocos años el desengaño se acentuó y se intensificaron las migraciones campesinas a la ciudad, acelerando la formación de pueblos jóvenes que había empezado en la década del 40.

 

            Carlos Malpica, en la primera edición de “Los Dueños del Perú”, da una información bastante pormenorizada de los propietarios de los grandes fundos y haciendas en el departamento de Piura.

            En el primer lugar menciona a la familia Hilbck Seminario, como los principales accionistas de la Negociación Agrícola y Ganadera Pabur con 4,000 hectáreas de cultivo y 100,000 hectáreas de pastizales donde se criaban 18,000 vacunos. Los otros socios de esta hacienda, que se consideraba la más grande del departamento, eran la familia Seminario Urrutia y los Ostendorf. La familia Hilbck Seminario era también propietaria de las siguientes haciendas en el Bajo Piura: Simbilá, Alto Redondo y Narihualá y con los Ostendorf, Carlos Roesch y otros formó la Compañía Irrigadota de Piura S.A. propietaria de las haciendas Viduque y de La Hipoteca.

 

            Los Seminario Urrutia eran además propietarios de las haciendas San Martín, Charanal, Quinta Julia y Carrizal en el Alto Piura.

 

            Los Seminario Reto, sucesores de don Miguel Seminario, eran propietarios de las haciendas Ñómala, Santa Clara, La Obrilla, Chapairá, Terela, San Luis, Huan, El Chaco, Tunapé, Cruz Verde, Coscomba y La Isla en el Medio Piura y Chilaco en el Chira, con la familia Cortés.

 

            Dos herederos de Pablo Seminario eran propietarios de Curumuy en el Medio Piura; Augusto Seminario Rómoli tenía Curván y los herederos de Roberto Seminario Rómoli eran propietarios de Piedra Rodada, con Domitila Gómez.

 

            Los sucesores de don Miguel Checa, eran propietarios en el Chira de las haciendas La Golondrina, El Prado, Sojo, Macacará, Monterón, Ovejería, Poechos y Jíbito. En el valle del Alto Piura tenían Yapatera, Ñácara, Paccha y acciones en la hacienda Plateros, en Tumbes.

 

            La testamentaría de Juan Cuglievan, con residencia en Chiclayo, poseía en el Alto Piura las haciendas Bigote, Salitral, Serrán, El Ala y Chanro.

 

            Los hermanos García Corrochano, con residencia en Lima, era poseedores de la extensa hacienda Huápalas en el Medio Piura.

 

            Los hermanos Helguero, poseían Sol-Sol, Curumuy, Monte Viejo y El Pilar.

 

            Don Eduardo Schaefer poseía en el Medio Piura, las haciendas Miraflores, Sancor, Angostura y Locuto.

            Don Fernando Reusche era propietario de Talandracas y San Rosendo en el valle del Piura.

 

            La familia Larizbeascoa y Balmaceda eran propietarios de Egusquia y Esmeralda.

 

            Los herederos de don Fernando Bel eran poseedores de Mambré, La Capilla y el fundo La Esperanza en el Chira.

 

            A la familia Woodman pertenecía las haciendas Santa María, Santa Rosa, Casarana, La Quebrada, San Fernando, Olivares y parte de El Papayo.

 

            Los hermanos García Wick tenían Chato, San Ernesto, San Miguel, Cucungará, La Luz y parte de El Papayo, en el Bajo Piura.

 

            Los herederos de Gaspar Augusto Yarlequé eran dueños de Los Tume, La Isla, Santa Rosa, La Caridad, parte de Sol-Sol, Coronado y La Corte.

 

            Los sucesores de Federico Bolognesi tenían Cerezal en el Piura y Buenaventura, Pucusulá y Josefita en el Chira.

 

            Don Enrique Verdeguer López era poseedor de Miragarzón, La Antonia, Punta de Sal y La Rinconada en el Bajo Piura.

 

            Los hermanos Valdivieso Benítez, tenían Vichayal, Santa Isabel, Casaraná, Rinconada Shaz, Dos Altos, Vílchez y Santa Beatriz.

 

            Don Guillermo Hougthon era poseedor en el Chira a Montenegro, San Rolando, San Miguel del Chira.

 

            Los herederos de don Jorge Eduardo Leigh eran propietarios de Somate en el Chira y en el mismo valle, lo herederos de Domitila Gómez poseían Piedra Rodada y San Vicente.

 

            Los herederos de don Félix León tenían en el valle del Piura a Malingas. Los herederos de María López de Rospigliosi, domiciliados en Lima, eran propietarios de las haciendas Buenos Aires y La Pampa.

 

. Arrese e hijos eran los principales accionistas de la Sociedad Agrícola y Ganadera, Morropón y Franco, en el Medio Piura.

            Los herederos de Abelardo Palacios poseían la hacienda Monte de los Padres. Mercedes L. de León era propietaria de Malingas.

 

            La familia Zoeger Dall’Orso de Chiclayo eran propietarios de Malinguitas en el Alto Piura y en el Chira tenían Chocán, San Francisco, San Francisco, Santa Victoria, Huaiquirá y Huangalá. Las dos primeras haciendas conducidas por Julio Gonzáles Prada fueron las primeras invadidas. Los Wiese tenían la enorme hacienda San Jacinto en el Bajo Chira.

 

            La familia Romero era propietaria en el Bajo Piura de Palo Parado, Santa Teresa, Chocán de Cumbibira, Santa Ana, San Jacinto, San Miguel y La Laguna. En el valle del Chira tenían la gran hacienda Mallares. Don Ramón Romero tenía en el valle del Piura a Paredones y El Chipe.

 

            La sociedad Vignolo e Irazola poseía Miraflores en el Medio Piura. Teodoro Balarezo tenía Tacalá. La familia Espinoza Vassi, poseían Puyntalá. Cerca de Catacaos.

 

            Antes de la Reforma Agraria la tenencia de tierra se presentaba de la siguiente forma, en la región de Piura y Tumbes.

 

 

 

            Áreas                                      Número predios                    Número hectáreas

            Número total                           12,484    100.0%                    215,485    100.0%

            De más de 45 ha.                         562        4.5%                    153,856      71.4%

            De menos de 45 ha.                 11,922      95.5%                      60,629      28.6%

 

            Es decir, que 562 predios que representaban el 4.5% del total, cubrían una extensión de 153,856 hectáreas, que representaban el 71.4%.

 

            El 95.5% del total de predios, es decir 11,922, disponían de sólo el 28.6% de las hectáreas totales. Ninguno sobrepasaba las 45 hectáreas pero en promedio sólo tenían un poco más de 5 hectáreas.

 

            En 1968, el área cultivada en la región Piura y Tumbes fue de 129,612 hectáreas, que fue ocupada en los siguientes cultivos:

 

            Algodón                      56,480 hectáreas                     43.6%

            Maíz                            12,900                                    10.0%

            Arroz                           11,515                                      8.9%

            Plátano              8,650                                      6.5%

            Otros                           40,067                                    31.0%

                                             ----------                                 ---------

                                             129,612                      100.0%

 

            Gran parte de la producción algodonera de las variedades de Pima y Supima fue absorbida a partir de 1976 por la Industria Textil Piura S.A. construida por el grupo Romero en base a los Bonos de la Deuda Agraria. Más tarde se sumaría la Hilandería Las Capullanas.

 

            La Reforma Agraria se aplicó en forma acelerada en la región. En 1970 se expropiaron 109 fundos con 30,000 hectáreas de las que 6,000 hectáreas eran de pastos naturales, habiendo sido adjudicadas a 6,539 familias.

 

            En 1974 la oficina de Reforma Agraria de Piura había adjudicado 278,662 hectáreas a 19,147 familias por 1,234 millones de soles. Eso conformaba la deuda agraria de los campesinos para con el Estado, deuda como se verá más tarde casi no fue pagada y tuvieron que hacerse condonaciones.

 

            Hasta el mencionado año de 1974 en Piura se habían formado 45 cooperativas agrarias de producción, conformadas por 8,529 familias, a las que otorgaron 253,896 hectáreas.

 

            Se habían dado 20,267 hectáreas a 8,103 familias organizadas en Comunidades Campesinas y se había entregado Unidades Familiares en forma individual a 2,515 familias con 4,499 hectáreas.

 

            Se había declarado infectos 1,182 pequeños predios rurales con un total de 5,581 hectáreas.

 

           

 

Dionisio Romero asume control del Banco de Crédito

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Semanas más tarde del golpe revolucionario, es decir el 31 de diciembre de 1968, se dio el Decreto Ley 11330 que disponía que en lo sucesivo el capital accionario de las empresas bancarias comerciales que se constituyan, deberían de pertenecer a personas naturales o jurídicas peruanas. En el artículo 2° establecía que las empresas bancarias ya existentes deberán tener un accionariado peruano no menor del 75% y que se daba el plazo de un año, para adecuarse a esta nueva situación.

 

            Esto que era una verdadera ley de nacionalización de la banca, se fundamentaba en la orientación y sentido nacionalista de la política del Gobierno Revolucionario, sustentado en la defensa de la soberanía nacional. También alegaba la necesidad de garantizar los planes de desarrollo económico y social que estaba llevando a cabo la revolución.

 

            El 2 de diciembre de 1888 abría sus puertas en Lima el Banco Italiano, fundado por el súbdito italiano Leopoldo Bracale, director del periódico “La Voca d’ Italia”. La mayor parte de sus accionistas eran italianos residentes en Lima. Veinte años más tarde tenía sucursales en el Callao, Chincha, Arequipa y Mollendo y además había creado la Compañía de Seguros Italia

Mas arde se abría una sucursal del Banco Italiano,  en Piura cerca de la plaza de armas y frente a la Iglesia Metropolitana. Después una sucursal en Sullana, y otros lugares del departamento..

 

            En 1941, el Perú estaba alineado con las naciones democráticas en la guerra contra las potencias del Eje y por Ley 9187 se dispuso que en las entidades bancarias no podía usarse idiomas extranjeros, ni hacer ninguna referencia a países o ciudades de las naciones del Eje. El 21 de enero de 1942 se acordó cambiar el nombre del Banco Italiano y  llamarlo Banco de Crédito del Perú.

 

            El banco siguió prosperando y se convirtió en la más importante institución de crédito del Perú.

 

            Hasta 1968, el banco estaba controlado por la banca comercial italiana a través de la subsidiaria francesa Banque Sudameris. También tenían intereses el Dresdener Bank de Alemania, la Unión de Bancos Suizos, el Banco de París y el Banco de los Países Bajos.

 

            En visto de lo dispuesto por Velasco, el Banque Sudameris, tuvo que vender sus acciones a capitalistas peruanos. Aprovecharon esa situación el empresario pesquero Luis Banchero, así como las familias Brescia, Raffo y Nicolini. Formó parte del grupo la familia Romero, liderada por Dionisio Romero Seminario, conocido en su entorno íntimo como “El Zorro” por su astucia en el campo de los negocios.

 

            De esa manera pudo Dionisio Romero lograr ser incluido en el directorio del banco. Era sin duda el primer paso. La noticia en Piura pasó desapercibida y sólo se comentó en la columna de sociales del diario “El Tiempo”.

 

            Sin embargo, el banco seguía manejado por italianos que ocupaban todas las direcciones y altos cargos. Entre 1969 y 1979, Dionisio Romero fue afianzando su liderazgo entre los inversionistas y miembros del directorio peruano y así llegó el 30 de marzo de 1979 en que contando con el apoyo decidido del accionista Juan Francisco Raffo Novelli y el respaldo del ministro de Economía, el piurano Javier Silva Ruete, sacan a los italianos del directorio, de las gerencias y de los principales puestos administrativos, y colocan accionistas peruanos, siendo elegido Romero para el cargo de presidente del directorio y como vicepresidente, Raffo. A partir de entonces, Dionisio Romero principió a ocupar un lugar muy destacado en el mundo de los negocios en el Perú.

 

            Eran accionistas del Banco de Crédito los siguientes miembros de la familia Romero: María Cármen Onrubia de Beeck, Dionisio Romero Seminario, Rufina Romero de Helguero, Calixto Romero Seminario, Manuel Romero Seminario, Juan Antonio Onrubia Romero, Teresa de Onrubia, Willy Beeck Navarro y Eduardo Onrubia Helder.

 

            También eran accionistas del Banco de Crédito, una serie de empresas en las que los Romero tenían importante accionariado, como la Compañía de Seguros y Reaseguros “El Pacífico”, Compañía de Seguros y Reaseguros Peruano-Suiza y Compañía Almacenera S.A.

 

Estatuto de libertad de prensa

ARRIBA

Con ese pomposo nombre, el Gobierno Revolucionario, promulgó el 30 de diciembre de 1969, como un presente de año nuevo, el dispositivo que regulaba el ejercicio de la prensa escrita y hablada en todo el país.

 

            El Decreto Ley 18075 se componía de 33 artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición final.

 

            El Capítulo 1 se refería a la libertad de prensa como un derecho, sin más límites que el respeto a la ley, la verdad, la moral, las exigencias de seguridad interior, la defensa nacional, así como la salvaguarda de la intimidad de la persona y de la familia. Ninguna autoridad podía exigir consulta previa, ni aplicar censura. Las influencias del Sector Pública Nacional, serían proporcionadas por los organismos responsables.

 

            En el Capítulo 2 de las publicaciones, dispone que todo impreso calificado como publicación deberá tener lugar y fecha de impresión, nombres y apellidos del director, razón social de la empresa y la dirección de sus oficinas y talleres. Las publicaciones que no contasen con esos requisitos se considerarían como clandestinas.

 

            En el capítulo correspondiente a las empresas, se disponía que sólo los peruanos de nacimiento podían constituir o participar en empresas destinadas a editar periódicos. También se establecían requisitos de residencia. Los capitales debían ser peruanos, y los derechos y acciones no se podían transferir a extranjeros. En marzo y en setiembre debían publicar la nómina de sus accionistas y del directorio, el capital y los créditos que tuvieran.

 

            La profesión de periodista se normaba en el Capítulo 4. El director sería responsable de todo artículo no firmado.

 

            El siguiente capítulo se refería a los derechos de aclaración y rectificación. Se establecía que todo aquel que se considerase agraviado, tenía derecho a que se insertase gratuitamente y de su integridad, la aclaración o rectificación, al día siguiente de su recepción si es un diario o en el número siguiente si se tratase de otra clase de publicación. Se haría en la misma página y columnaje y con los mismos caracteres tipográficos con que se publicó la información. La omisión de alguno de esos requisitos daría origen a que se considerase como no publicada la aclaración. En caso de que el editor alegase impropiedad en el lenguaje de la aclaración, el Juez de Primera Instancia resolvería dentro de 24 horas si es pertinente o no modificar la redacción de la aclaración. La negativa del director a publicar una aclaración, facultaba a acudir al juez de turno en lo penal, para que éste notificase al director para que en el plazo perentorio de 24 horas presentase su alegato, y al día siguiente aún en caso de rebeldía emitiría Resolución.

 

            En el Capítulo 5 se trata de las infracciones, los delitos y sanciones. Se enumeraban seis fallas que se sancionaban con multas que iban de mil hasta cien mil soles.

 

            Se enunciaban 10 delitos contra la libertad de prensa. Se consideraba delito, el uso de testaferros por parte de extranjeros para adquirir acciones en editoras. No cumplir con las órdenes judiciales de publicar las aclaraciones. Atribuir a una persona hechos y conductas que pueden dañar su honor o el de sus allegados. Publicar artículos o crónicas en los que empleen frases ofensivas contra el honor o la reputación de personas naturales. Publicar documentos fraguados o atribuir en forma inexacta hechos a una persona. La publicación de documentos oficiales secretos o que perjudicaban la seguridad interior del Estado y la Defensa Nacional. Publicar artículos, crónicas o imágenes donde se describa innecesariamente detalles lascivos, que inciten los bajos instintos o se utilizasen palabras soeces o que afectasen la moral y las buenas costumbres. La apología del delito. La publicación de avisos que atenten contra la estabilidad monetaria y económica.

            Los delitos se sancionan con multa o cárcel o ambas. Los juicios serían sumarios. En otro capítulo trataba de la radio y televisión.

 

            A primera vista, el Decreto parecía aceptable y en cierto punto hasta conveniente, pero muy pronto se generó en todo el país una reacción contraria en periódicos, radios y estaciones de televisión. Se afirmaba que el mentor de la nueva ley era Augusto Zimmermann  Zavala, que antes había laborado en “El Comercio”.

            El 1° de enero de 1970, gran cantidad de diarios peruanos entre los que se contaban los de Piura, editorializaron contra la nueva Ley de Libertad de Prensa. Luego se pronunciaron en su contra la Federación de Periodistas del Perú, la Asociación Nacional de Periodistas, el Colegio de Abogados de Lima, la Municipalidad Provincial de Arequipa y la mayoría de los partidos políticos. Los diarios “Expreso” y “Extra”, filtrados por un sindicato comunista, se pronunciaron a favor del Decreto Ley por intermedio de su Frente Único. También lo hicieron la Confederación General de Trabajadores del Perú o CGTP, el Partido Comunista y el Demócrata Cristiano.

 

            El doctor Luis Bramont Arias, Decano del Colegio de Abogados de Lima, presentó un recurso de Habeas Corpus, que no fue admitido por el Tribunal. El doctor Héctor Cornejo Chávez, Presidente del Partido Demócrata Cristiano, defendió por televisión, en forma violenta y airada la ley. En el exterior, la ley fue condenada por la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.

 

            Como revancha y para congraciarse con los periodistas, el Gobierno promulgó el 6 de enero de 1970 la Ley de Beneficios Sociales del Periodista. Se disponía la estabilidad total en sus empleos. El 4 de marzo se dio el Decreto Ley 18169, expropiando a “Expreso” y “Extra”.

 

El primer nuevo director de  “Expreso” pero en forma fugaz fue  Hernando Aguirre Gamio. En su primera edición, el diario expropiado puso en primera página y a grandes letras:  “Expreso” en manos de sus trabajadores.

 

            Augusto Zimmermann Zavala, Jefe de la Oficina Nacional de Informaciones u ONI, se encargó de organizar la defensa de la Ley de Libertad de Prensa.

 

            El Gobierno sabía que el Poder Judicial no podría actuar en su contra porque se encontraba aterrorizado pues el 24 de diciembre de 1969 había destituido a todos los miembros de la Corte Suprema y dispuesto la evaluación y ratificación de los jueces en toda la república.

 

            La Ley de Libertad de Prensa rigió hasta el 26 de julio de 1974 en que fue cambiada por el Decreto Ley 20680 del Estatuto de Prensa.

 

Se oficializa título de Mariscala a Virgen de las Mercedes

ARRIBA

La congregación de los Mercedarios cuando llegaron al Perú, en tiempos de la Conquista, introdujeron la devoción por la Virgen de las Mercedes y construyeron en Paita un templo para su culto, que fue el primero que la Virgen  tuvo en el Perú.

 

            La devoción se hizo general en todo el país y se celebraba el 24 de setiembre. Fue entre los miembros de las Fuerzas Armadas donde su devoción caló muy hondo.

 

            Interpretando el sentir general de los integrantes de las Fuerzas Armadas del Perú, el 24 de setiembre de 1969 se promulgó el Decreto Ley 17822 que declara a la Virgen de las Mercedes, Gran Mariscala del Perú. A partir de esa fecha, la imagen de la Virgen aparece con las armas y banderas del Perú y su procesión es acompañada por militares en forma oficial.

 

            En realidad el Decreto Ley 17822 sólo venía a confirmar otros dispositivos anteriores que habían declarado a la Virgen de las Mercedes, Gran Mariscala del Perú. En efecto, desde el 22 de setiembre de 1823, el presidente José de Torre Tagle dio un Decreto Supremo declarando a la Virgen de las Mercedes “Patrona de las Armas del Perú”.

 

            El 21 de setiembre de 1921, la imagen de la Virgen de las Mercedes de Lima fue coronada con una diadema de oro y piedras preciosas por el arzobispo de Lima, y el presidente Leguía le regaló un bastón de oro y una riquísima faja reconociéndola como “Gran Mariscala de los Ejércitos del Perú”. Los paiteños residentes en Lima y Callao, hicieron una colecta y le regalaron un bastón de oro a la imagen de Paita y la corona de oro se ha confeccionado con el producto de las limosnas.

 

            En 1954, durante el Gobierno de Odría fue condecorada con la Gran Cruz de la Orden Militar de Ayacucho y se le reconoció como “el Máximo Símbolo de la fe religiosa en los institutos armados”.

 

            Cuando en agosto de 1960 se celebró en Piura el IV Congreso Eucarístico Nacional, la Virgen fue llevada a la capital departamental y allí el representante de su Santidad, el Arzobispo de Boston, el Cardenal Cushing, la coronó Reina de ese congreso eucarístico.

 

            Por último, el Día de las Fuerzas Armadas, fue creado por Decreto Supremo 00377 del 10 de enero de 1977 por el presidente Morales Bermúdez.

 

            El 5 de enero de 1985, cuando su Santidad Juan Pablo II visitó Piura, la Virgen fue llevada a esa ciudad y el Papa la declaró “Estrella de la Evangelización”.

 

            El 24 de setiembre de 1986, la Universidad Nacional de Piura la nominó “Protectora de la Universidad y Asiento de Sabiduría”, y su rector Arturo Davies Guaylupo la condecoró con la insignia Honoris Causa.

 

            El 24 de octubre de 1988, el Concejo Provincial de Paita, presidido por el alcalde, el doctor Milton Ramírez Herrera, le otorgó la Medalla de la Ciudad.

 

            El 24 de setiembre de 1995, el general FAP (r) Enrique Siles Gariboto, presidente del Gobierno de la Región Grau, le otorgó la Medalla de la Región Grau.

           

Los alcaldes nombrados

ARRIBA

El Gobierno Revolucionario desde el principio se mostró contrario a los municipios, organizado por el sistema de elección democrática, lanzando ataques frecuentes contra los mismos y mostrando su intención de intervenirlos. Prefirió sin embargo, esperar que los alcaldes y regidores terminasen su período el 31 de diciembre de 1969. Fue por eso que el 29 de abril de 1969 dio el Decreto Ley 17608 dejando en suspenso las elecciones municipales. Sería el Ministerio de Gobierno el que por Resolución Ministerial nombraría a los nuevos alcaldes y regidores de los municipios provinciales y los prefectos harían lo mismo con los alcaldes y regidores de los distritos.

Era ministro de Gobierno, el general Armando Artola, el cual se había ganado fama de ser “el malo” del gabinete militar. Artola, era famoso por el trato duro que daba, por su rudeza al hablar, por su tomo cachaciento, y por las decisiones inesperadas y fuertes que adoptaba. Cuando se anunciaba su visitas un lugar, las autoridades y dirigentes, exclamaban ¡ ay mamita!

 

            La anterior ley electoral, disponía que las autoridades ediles elegidas ocuparían los cargos por un período de 3 años. En el caso de los alcaldes y regidores nombrados, no se especificaba el tiempo. En la práctica sucedió que en un mismo año se cambiaban varios alcaldes cuanto las autoridades no estaban satisfechas con su comportamiento o también los alcaldes solicitaban la remoción de uno o más regidores en forma tal que éstos variaban constantemente.

 

            Desde el mes de noviembre de 1969, tanto el Ministerio de Gobierno, como los prefectos se vieron asediados con pedidos y empezó el tráfico de influencias. Generalmente el ministro, general Armando Artola Azcárate, solicitaba la conformidad de los jefes militares de la región o departamento.

 

 

 

            Como Alcalde de Piura fue nombrado don Antonio Leigh Rodríguez, por Sullana el ingeniero Julio Gonzáles Prada Razzeto, en Talara el doctor Manuel Llanos Franco, en Chulucanas Javier Helguero Checa, en Paita Carlos Guinochio F., en Castilla Olga Guerrero, en Catacaos Humberto Requena Oliva y en Tambogrande A. Riofrío.

 

Atentados contra la libertad de prensa

ARRIBA

Durante todo el año 1970, el Gobierno Revolucionario o más propiamente Velasco  prosiguió en forma acelerada dictando medidas para terminar con lo que llamaba los grupos oligárquicos del país. Era una especie de fiebre enfermiza que lo impulsó a aniquilar y perseguir a la gente adinerada, a los empresarios de éxito que había hecho fortuna en la agricultura, la industria, la pesquería y en las finanzas. También a los que llamó sus servidores y a los servidores del capitalismo yanqui y de la CIA.

 

            Velasco parecía ver enemigos por todas partes y los fue creando. Así por ejemplo, cuando llegó a Piura fue recibido con mucha cordialidad por los agricultores, aunque con un natural recelo que más tarde se vio justificado cuando declaró a Piura, Zona de Reforma Agraria. Los agricultores piuranos, era lógico que sintieran por Velasco un natural rencor y lo acusaban de dejarse llevar por los traumas psicológicos que le habían creado las privaciones que había pasado en su niñez. Velasco siempre había hablado de los lujosos automóviles que cambiaban los hacendados todos los años de buena cosecha, que pasaban raudos por las calles de Piura, mientras él iba a pie a la escuela cubriendo grandes distancias. Ahora que tenía un poder ilimitado, parecía que una especie de furor vengativo se había posesionado de él.

 

            El 16 de febrero de 1970 se promulgó el Decreto Ley 18139 o Ley del Periodista, que tenía como finalidad enfrentar a los periodistas contra los propietarios y contra las misma empresas. Dispuso la estabilidad laboral y el pago por horas extras, por jornada nocturna y doble pago por trabajo los días domingos y feriados, sin perjuicio de que se les determinara otro día para hacer uso del descanso.

 

            También estableció el derecho de los periodistas a publicar o propalar en los órganos de información escrita, radial o televisiva, artículos de opinión. Eso en la práctica constituyó un gran abuso, pues en algunos periódicos como “Expreso” y “Extra”, que era del ex-ministro Ulloa, el llamado Frente Único de Trabajadores, que en forma solapada alentaba Efraín Ruiz Caro, uno de los altos funcionarios de la empresa, publicaban artículos contra la misma.

El Gobierno Revolucionario estaba dispuesto a no tolera ninguna clase de críticas y fue así como en marzo de 1969 fue deportado Enrique Zileri, Director de la revista “Caretas”.

 

            El 4 de marzo de 1970, cuando los periodistas del diario “Expreso” al amanecer quisieron ingresar a las oficinas, fueron impedidos por policías que custodiaban el local y les impidieron el acceso. La ocupación del periódico y de “Extra” se había producido en la madrugada. Cuando se le preguntó al oficial a qué obedecía esa noticia, se limitó a decir: “Lean “El Peruano””. En efecto, en el diario oficial aparecía el Decreto Ley 18169 disponiendo la expropiación de los dos diarios. La conducción de “Expreso” se encomendó a una Comisión Especial que presidía Efraín Ruiz caro. A partir de entonces “Expreso” y “Extra” fueron diarios al servicio del Gobierno Revolucionario. Los diarios de Lima y Piura protestaron contra esa arbitrariedad, pero se trataba en realidad del primer paso decisivo para terminar con la prensa libre.

 

            El 31 de mayo, todo el Perú se vio profundamente consternado por la catástrofe de Huaraz. Al principio las noticias era imprecisas y no mostraban la magnitud del cataclismo, pero a medida que fueron pasando las horas se conoció la magnitud de la tragedia. El sismo se sintió hasta en Piura.

 

            El 5 de junio, nada menos que con una ley, el Decreto Ley 18309, se declaraba traidor a la Patria a Edudocio Ravines, que estaba en el destierro, desde donde combatía con su verbo acerado a la revolución.

Más tarde se haría lo mismo con Manuel de D’Ornellas. Se les declaran indignos de tener la nacionalidad peruana y se prohibía su ingreso al territorio nacional. Ravines radicó en México, donde es atropellado por un automóvil, resultando herido y muriendo dos días más tarde, el 25 de noviembre de 1970. Años más tarde otra ley declararía nulos los infames decretos leyes.

 

            A D’Ornellas se le quitó la nacionalidad peruana en octubre de 1971. Este periodista se encontraba en Buenos Aires exiliado desde 1970 cuando el diario en donde servía, “Expreso”, cuyo propietario era el acciopopulista Manuel Ulloa fue capturado por el Gobierno. En la capital argentina dirigía la revista “Semana Latinoamericana” donde atacaba duramente a Velasco. D’Ornellas se había iniciado en “Expreso” desde 1966 y en su columna “Voz y Voto” criticaba a Velasco. Había nacido en 1937 en España, de padre peruano y al poco tiempo vino al Perú con sus padres. En 1976 es amnistiado por el presidente Morales Bermúdez y en 1980 retornó a “Expreso” cuando el diario fue devuelto por el presidente Belaúnde a sus dueños. D’Ornellas fue director del diario hasta 1999 cuando renunció y se retiró del periodismo.

 

Aceleran Reforma Agraria en Piura

ARRIBA

Con el fin de acelerar el proceso de Reforma Agraria en el departamento de Piura, se emitieron las Resoluciones 61/70 RA/TAS y 63/70 RA/TAS, de fecha 1° de julio de 1970 señalando a la ciudad de Sullana como sede del Segundo Juzgado de Tierras en la Zona Agraria 1 cuya jurisdicción comprendería las provincias de Sullana, Paita, Talara y los distritos de la provincia de Ayabaca, con excepción de Frías y Pacaipampa. También a la provincia de Contralmirante Villar en el departamento de Tumbes. Para el cargo se designaba al doctor Calixto Chunga Ayala.

 

            La otra resolución creaba el Primer Juzgado de Tierras en las Zona Agraria 1 con sede en la ciudad de Piura y comprendería las provincias de Piura, Morropón y Huancabamba, así como los distritos de Frías y Pacaipampa. No se designaba titular.

            Las resoluciones fueron emitidas por el tribunal agrario que tenía su sede en Lima, cuyo presidente era el abogado piurano Guillermo Figallo Adrianzén.

 

Los funcionarios de la Reforma Agraria en Piura, actuaron con mucha diligencia y bien pronto se inició la afectación de haciendas mas grandes. En el valle del Chira fueron afectadas Mallares y Santa Sofía. La primera era junto con Pabur  una de las haciendas mas grandes y prósperas del departamento de Piura. Pertenecía al grupo Romero que actuando con un gran sentido realista entregaron a hacienda antes de que fuera oficialmente afectada. En el medio Piura fue afectada la Hacienda Santa Ana también de los Romero y en el. Bajo Piura,  las haciendas San Miguel  de los hermanos García Wick y Cumbibira.de los Romero.

Para mostrar el maltrato que los campesinos agrupados en Cooperativas Agrarias de Producción o en SAIS,  dieron a las antes florecientes haciendas, se cuentan las impresiones de Pedro Samaniego, 30 años mas tarde de la Reforma Agraria, cuyo  padre Amadeo Samaniego había sido propietario de la hacienda Solana Alta en el Chira.  En 1999. visitó Pedro Samaniego a  Solana Alta, y encontró a la antes solariega y cómoda casa hacienda, en ruinas y deshabitada. Estuvo en el ambiente donde nacido, que estaba cubierto de maleza. Todo era desolación.

 

El doctor Figallo con Benjamín Samanez Concha y Eduardo Morán, todos del Partido Social Progresista, habían sido llamados por el general Leónidas Rodríguez Figueroa para que le dieran asesoramiento técnico en la elaboración de la Ley de Reforma Agraria, que le había encomendado el general Velasco.

 

            Figallo Adrianzén pertenecía a familias de Piura y Huancabamba y había gastado sus primeros años en Ecuador.

 

            En agosto se promulga el Decreto Ley 18381 que crea la Comisión Ejecutiva del Proyecto Chira-Piura.

 

            El 18 de agosto se da el Decreto Supremo 265-70 AC que reglamentaba la Ley de Reforma Agraria, que constaba de 196 artículos, 10 disposiciones especiales y 7 disposiciones transitorias.

 

            La Ley de Reforma Agraria, aprobada en junio de 1969, había sido hecha en forma precipitada en sólo un mes. Inicialmente se guardó el mayor secreto y ni siquiera el propio ministro de Agricultura, José Benavides, tuvo conocimiento de eso, hasta que se percató de que sus funcionarios eran llamados en forma muy cautelosa por el general Leónidas Rodríguez. Esto lo tomó el ministro como una falta de confianza hacia su persona, más aún cuando él había preparado un ante-proyecto de ley que no se tuvo en cuenta para nada. Por tal motivo, Benavides renunció al cargo el 12 de junio. Velasco apremiaba a Rodríguez para que la ley fuera terminada de elaborarse antes del 24 de junio. Recién el 23 de junio el ante-proyecto fue a manos del Consejo de Ministros por la mañana y sin casi haber sido leída por los ministros fue aprobada y promulgada el 24 de junio en medio de tremenda expectativa. Un documento de esa naturaleza salió como era de suponerse lleno de errores, omisiones y contradicciones y cuando se trató de ponerla en funcionamiento, los funcionarios tuvieron múltiples dificultades. Por eso, su reglamento vino a corregir todos esos errores.

 

            El 25 de agosto de 1970 se dio el Decreto Supremo 267-70 AG, reglamentando la utilización de los Bonos de la Deuda Agraria, que habían recibido por sus predios los antiguos dueños. Entre otras cosas se disponía en los artículos del 16° al 19° que el Banco Industrial podría pagar esos bonos por un monto al 50% de las empresas industriales que pudieran crearse, debiendo el otro 50% se aportado en efectivo o en acciones de nuevas empresas industriales. Con eso el Gobierno buscaba incentivar el sector industrial y dar la oportunidad a los antiguos agricultores a convertirse en empresarios industriales. No se sabe si por desconfianza, por falta de capacidad económica o simplemente por abulia, los agricultores peruanos y piuranos, propietarios de bonos, no aprovecharon la oportunidad de rescatarlos en forma inmediata. Muy pocos lo hicieron, entre ellos el grupo Romero, que logró que les pagaran 30 millones de soles en bonos, que sirvieron para abonar el 50% del capital de la Industria Textil Piura S.A., que fue fundada el 27 de noviembre de 1972.

 

            Los Romero supieron aprovechar todos los dispositivos de carácter nacionalista que daba el Gobierno Revolucionario y ampliaron enormemente su imperio industrial adquiriendo la red de desmontadoras, fábricas de aceite, jabón, frigoríficos de la casa inglesa Anderson Clayton, que no se sentía muy segura en el Perú. Esto se materializó en 1971.Es decir que los Romero, con Dionisio al frente,  dejaron de ser agricultores para convertirse en grandes industriales.

Por los años de 1974, los piuranos antiguos propietarios de grandes haciendas se encontraban en la mayor pobreza y para subsistir tuvieron que abrir restaurantes o cebicherías en Piura.

 

La Comunidad Industrial

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El 27 de julio de 1969 se promulgó el Decreto Ley 18350 o Ley General de Industrias, que se componía de 34 artículos, 5 disposiciones transitorias y varios anexos. La ley declaraba de preferente interés nacional el Desarrollo Industrial del Perú. Se establecía una escala de tres industrias prioritarias y una cuarta no prioritaria. Se les agrupaba en industrias del sector público, del sector privado y cooperativas.

 

            Se creaban incentivos de carácter tributario, crediticio, administrativo-tecnológico y de descentralización.

 

            Las empresas que se constituyeron íntegramente con capital social extranjero debían firmar un contrato con el Estado. Lo mismo las empresas mixtas en cuanto a capital. Se disponía que el 10% de las utilidades anuales netas se tenían que distribuir entre los trabajadores a tiempo completo.

 

            Lo más novedoso de la Ley era que creaba dentro de cada empresa a una persona jurídica denominada Comunidad Industrial, que representaría a los trabajadores a tiempo completo de la empresa. El 15% de la renta neta de toda la empresa, pasaría a integrar el Patrimonio de la Comunidad Industrial, la cual podría ir adquiriendo en forma progresiva parte del Capital Social de la empresa hasta un tope del 50%.

            El 1° de setiembre de 1970 se promulgó el Decreto Ley 18384 o Ley de la Comunidad Industrial que contenía 55 artículos y 2 disposiciones transitorias.

 

            Toda empresa con más de seis trabajadores debía poseer Comunidad Industrial. Su tiempo de duración sería el mismo de la empresa.

 

            En mayo de 1970 llegó al Perú, Edward Kardej, el segundo hombre de la Yugoslavia comunista de Tito, que llegaba especialmente invitado por el Gobierno Peruano para ocuparse de la experiencia yugoslava de la cogestión, en las empresas industriales.. Edward Kardej hablaba perfectamente el castellano y llegaba con un numeroso séquito de asesores y técnicos.

 

            El presidente Velasco fue fácilmente convencido de implantar la cogestión en el Perú y en forma precipitada, al igual que lo hecho con la Ley de Reforma Agraria, dispuso que para el 27 de julio estuviera lista una nueva Ley General de Industrias, que marcara el inicio de la reforma de la empresa.

 

            Era ministro de Industria y Comercio, desde el 17 de octubre de 1969, el contralmirante Jorge Dellepiani Ocampo a quien sus compañeros llamaban “El Loco”. Antes de ser ministro era subdirector del CAEM y nunca antes había tenido contacto alguno con Velasco. Se dice que en un banquete, que las Fuerzas Armadas daban a Velasco, éste reparó en un marino de alta graduación que a diferencia de los demás, era moreno. Cuando le informaron quien era, el presidente dijo: “Éste será el ministro de Industrias”. Para Dellepiani fue una gran sorpresa el saber que había sido designado para el alto cargo, porque jamás lo imaginó.

 

            Dellepiani, con Kardej, Carlos Delgado Olivera y Virgilio Roel Pineda, elaboraron el anteproyecto de ley.

 

            El 28 de julio por la tarde, Velasco, al dar lectura del Mensaje a la Nación, que le demandó dos horas, fue interrumpido por los aplausos 71 veces y tomó 34 sorbos de agua. En las galerías del Congreso había un buen número de trabajadores adictos a la revolución que aplaudían rabiosamente y repetían lo que siempre se decía en las manifestaciones populares: “Chino, contigo hasta la muerte”.

 

            Los periódicos de Lima y de Piura dieron la noticia de la implantación de la Comunidad Industrial con grandes caracteres. Se abandonaba el sistema capitalista en la empresa y se entraba a la cogestión como en Yugoslavia.

 

            El diario “Expreso” bajo control del Gobierno, la revista pro gobiernista “Oiga”, la CGTP, la Universidad de San Marcos, el cardenal Juan Landázuri, el Movimiento Sindical Cristiano, el Movimiento ONIS de sacerdotes católicos y otros organismos se pronunciaron a favor de la ley.

 

            El diario “El Comercio” y la Sociedad Nacional de Industrias, así como los partidos Popular Cristiano y Acción Popular, lo hicieron en contra. La SIN aseguró que se destruía la propiedad individual y privada. Entre los elementos adictos al Gobierno se atacó duramente a los empresarios.

 

            El ministro Dellepiani presionó a los empresarios para que de inmediato formasen la Comunidad Industrial.

 

            Desde el principio, el ministro se mostró como un izquierdista radical, enemigo de los empresarios. Se hizo notar mucho por sus exabruptos. Un día que dialogaba con los empresarios de aguas gaseosas, con el fin de negarles todo derecho les dijo: “¿Desde cuándo embotellar y endulzar agua es hacer industria?”.

 

            En Piura, la ley motivó encontrados sentimientos. Unos la encomiaban porque tenía muchos incentivos para provincias, mientras que otros la objetaban por lo de la Comunidad Industrial y sobre todo por el propósito de ir hacia la socialización de la industria por el sistema de la cogestión. En Piura y en otros lugares del país, hubo entre el elemento laboral gran intranquilidad porque presionaban para que de forma inmediata funcionase la Comunidad Industrial y hasta se produjeron captura de fábricas.

 

            La Cámara de Industria y Comercio de Piura, no hizo ningún pronunciamiento.

 

Crisis financiera

ARRIBA

La merma en las exportaciones, trajo consigo la disminución de dólares en el mercado de cambios y que éste se ofreciera en bolsa negra por montos muy superiores al cambio oficial.

 

            Por otra parte, las diversas disposiciones legales que el Gobierno estaba dando y la pregonada socialización de los medios de producción, causaron inquietud en el elemento empresarial y muchos fueron los extranjeros que dejaron el país. Los empresarios peruanos por precaución enviaban bajo forma de giros y diversas órdenes de pago, gran cantidad de moneda nacional, que en el extranjero era cambiada en dólares. Eso trajo dificultades en el mercado cambiario, por lo cual el 3 de noviembre de 1970 se dio el Decreto Ley 18457 y la Resolución Suprema 548-70 EF, en las cuales se dispuso la prohibición de llevar al exterior o ingresar al país moneda nacional por más de mil soles. Cualquier cantidad superior, requería de autorización especial.

 

            El Decreto Ley 18457 en su Artículo 1° prohibía a las personas naturales y jurídicas, remesar o llevar al exterior, bajo la forma de numerario, giro o cualquier otra orden de pago, moneda nacional o extranjera, salvo autorización expresa del Banco Central de Reserva, el que debería informar mensualmente al Ministerio de Economía y Finanzas las autorizaciones dadas.

 

            En el Artículo 2° se establecía que la infracción a estas normas, constituía delito sancionable y cuando se trataba de turistas que sacaban mayor cantidad que la autorizada, el exceso era decomisado. Para las zonas de frontera había un régimen especial. Con Resolución Suprema 548-70 EF se establecía el monto máximo de mil soles por persona, que se podía sacar o ingresar sin autorización previa. Esto era aplicable sobre todo a las provincias del departamento de Tumbes y a las de Sullana, Ayabaca y Huancabamba, en nuestra región.

 

Muere la madre de Belaúnde

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Estado el ex-presidente Fernando Belaúnde desterrado en Argentina, se produjo en diciembre de 1970, el deceso de su madre, la señora Lucila Terry de Belaúnde. El exiliado de inmediato tomó un avión y llegó a Lima para el sepelio, pero casi de inmediato, el 24 de diciembre, el general Velasco ordenó su redeportación.

 

            Cuando en octubre de 1968, Belaúnde fue exiliado a Argentina, recibió de inmediato la oferta de asilo de Bolivia y también de Chile, el que ofrecía asilo académico, lo que conllevaba el ejercicio de la docencia universitaria.

 

            Belaúnde salió de Argentina cuando se vio conmovida por situaciones políticas, se dirigió a Estados Unidos. Al llegar al aeropuerto, fue recibido por una delegación de la Universidad de Harvard, que le ofrecía por dos años un contrato de profesor principal. Posteriormente dio conferencias pagadas en más de cien universidades e instituciones superiores de cultura de Estados Unidos y Europa.

 

Nueva creación de Escuela de Marina en Paita

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Por Decreto Supremo 3 del 8 de enero de 1948 se creó la Escuela Náutica “Miguel Grau” para la formación de oficiales de la Marina Mercante Nacional.  Sin embargo, por Resolución Suprema 0251-70 MA-DP del 12 de junio de 1970, se dispuso que los cadetes de esa escuela estudiasen en la Escuela Naval del Perú. Esto hizo que el Ministerio de Marina creyese necesaria la modificación de la disposición que creaba la Escuela Náutica de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” para capacitar y formar técnicamente al personal que deben operar en los medios de transporte acuático. La ley proveía de recursos a la Escuela y los cargos de Director y Subdirector recaerían en oficiales de la Marina de Guerra.

 

            Se disponía que la Escuela empezara sus actividades provisionalmente en el local de la Compañía Peruana de Vapores en Chucuito-Callao cuyo uso se le concedía hasta que poseyera local propio en Paita.

 

El terremoto de Ancash

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El domingo 31 de mayo de 1970, a las 15 horas, 23 minutos y 28.7 segundos se produjo uno de los mayores cataclismos que han ocurrido en el Perú. El epicentro del sismo estuvo frente al puerto de Chimbote a 9° 18’ de latitud sur y 78° 53’ de latitud oeste. Su duración fue de 50 segundos y su intensidad se estableció entre los 7 y los 9 grados en la escala de Mercalli.

 

            El temblor se llegó a sentir hasta en el departamento de Piura y pronto por las radioemisoras se supo dónde había sido. Durante tres días las noticias que iban dándose fueron estableciendo la tremenda magnitud de la catástrofe. Las primeras noticias hablaban de decenas de muertos, luego se habló de centenares, más tarde de miles y se pasó a decenas de miles, pero el Gobierno dispuso que se cesara de dar esta clase de noticias. Es posible que los muertos llegaran a 100,000.

 

            Grandes bloques de nieve de la cordillera se precipitaron sobre los valles y las paredes de numerosas lagunas quedaron destruidas, con lo que se produjo una terrible avalancha de agua, rocas y hielo que arrasó poblaciones enteras como Huaraz, la capital departamental, Yungay y Ranrahirca. Como recuerdo de lo que había sido la ciudad de Yungay sólo quedaron unas palmeras..

 

            Como el sismo destruyó el 95% de la ciudad de Huaraz, el Gobierno Revolucionario construyó otra muy moderna y otro tanto pero en diverso lugar, se hizo con Yungay. Pese a que los pobladores no quisieron que las nuevas ciudades se levantasen en otros lugares que podían ser más seguros.

 

            Para los damnificados llegó ayuda de todo el mundo. Rusia envió 65 enormes aviones Antonov con carga y uno de ellos cayó en el Atlántico con 23 tripulantes. En julio, la señora Consuelo de Velasco con la señora Pat Nixon, esposa del Presidente de Estados Unidos, visitaron la zona afectada y pronto llegó de éste país una valiosa ayuda, no obstante de las tirantes relaciones existentes.